Bukele y la piedra en el zapato.
El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador ha sido objeto de crecientes críticas por su aparente persecución a la oposición y voces disidentes, utilizando diversas estrategias que han generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales.
Régimen de Excepción como Herramienta de Represión
El régimen de excepción, implementado inicialmente en marzo de 2022 para combatir la violencia de las pandillas, se ha convertido en un mecanismo para acallar a la oposición. Este estado de emergencia, que debería ser temporal, se ha prolongado indefinidamente, permitiendo al gobierno:
- Suspender garantías constitucionalesc
- Eliminar controles legales sobre el uso de fondos públicos
- Limitar el acceso a la información pública
Bajo este régimen, se han reportado:
- Detenciones arbitrarias
- Violaciones al debido proceso
- Casos de tortura y malos tratos
Persecución a Críticos y Activistas
El gobierno ha utilizado el régimen de excepción para reprimir a voces críticas, incluyendo:
En El Salvador, Mario Gómez, un experto crítico de la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal, fue detenido en septiembre de 2021.
- La detención de Mario Gomez, especialista digital que señaló posibles irregularidades en el uso del Bitcoin
- El arresto de Luis Alexander Rivas por publicar una foto de los hermanos del presidente Bukele en redes sociales
- Fidel Zavala, vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) en El Salvador, fue arrestado el 25 de febrero de 2025 junto con más de 20 líderes comunitarios de La Floresta.Este arresto se produjo en el contexto de un operativo policial y fiscal contra defensores de derechos humanos y pobladores que seoponían a un proceso de desalojo en la Hacienda La Floresta, San Juan Opico
- Eugenio Chicas, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador y figura destacada del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fue arrestado el 13 de febrero de 2025 bajo acusaciones de enriquecimiento ilícito en perjuicio de la administración pública. Este caso ha generado controversia y denuncias de persecución política gubernamental.
NHostigamiento.
Activistas ambientales han denunciado persecución y hostigamiento por parte del gobierno de Bukele, especialmente aquellos que se oponen a sus planes mineros. Esta situación refleja un patrón de intimidación hacia grupos que cuestionan las políticas gubernamentales.
Impacto en la Libertad de Prensa
La Asamblea legislativa, dominada por aliados de Bukele, ha aprobado medidas que sancionan a medios y periodistas que reproduzcan mensajes de las pandillas.Esto ha sido interpretado como un intento de censurar la cobertura crítica de las políticas de seguridad del gobierno.
Uso del Sistema Judicial
El fiscal general, alineado con Bukele, ha sido acusado de enterrar investigaciones criminales que podrían afectar a aliados del presidente, mientras persigue agresivamente a opositores. Este “lawfare” selectivo ha generado preocupaciones sobre la independencia del sistema judicial.
Consecuencias Humanitarias
La organización Cristosal ha documentado graves violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción, incluyendo:
Estos datos subrayan el costo humano de las políticas represivas del gobierno de Bukele.
En conclusión, mientras el gobierno de Bukele argumenta que sus medidas son necesarias para combatir la violencia de las pandillas, las evidencias sugieren un patrón sistemático de persecución a la oposición y erosión de las libertades fundamentales en El Salvador. Esta situación ha sumergido al país en una crisis de derechos humanos, poniendo en riesgo los principios democráticos y el estado de derecho.