Gobierno salvadoreño llama triunfo gubernamental la extensión del TPS.
Tras el anuncio por parte de la administración del presidente Biden, de extender el TPS, varios seguidores y miembros del gobierno salvadoreño lo adjudicaron como un logro del gobierno y mencionan que todo es gracias a las gestiones que este hizo con el gobierno de los EE.UU. Mientras los salvadoreños acogidos a este programa desmienten tales aseveraciones y aseguran que el gobierno de su país les dio la espalda y gracias a la buena voluntad de la actual administración de lo Estados Unidos se pudo lograr dicha extensión.extensión.
La administración del presidente Biden, anunció este jueves 10 de noviembre que extendería la protección de deportación y los permisos de trabajo de aproximadamente 337,000 inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Nepal y Honduras hasta el verano de 2024, anticipándose a una decisión judicial que podría haber llevado a que su estatus legal expire el próximo año.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en un aviso que permitirá que los inmigrantes de estos países continúen viviendo y trabajando en los EE. UU. legalmente bajo la política de Estatus de Protección Temporal (TPS) al menos hasta junio de 2024.
“DHS es muy consciente de la importancia del Estatus de Protección Temporal (TPS) para brindar estabilidad a la vida de las personas”, mencionó un portavoz de DHS.
TPS es un programa de alivio de deportación que los EE. UU. Fue creado en 1990, para proteger a los ciudadanos de países acosados por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis humanitarias.
La extensión del 30 de junio de 2024 también favorecerá a ciertos inmigrantes haitianos y sudaneses, que también son elegibles para solicitar permisos de trabajo y protecciones de deportación bajo las expansiones de los programas TPS para Haití y Sudán anunciadas por la administración Biden.
El anuncio se produce semanas después que fracasaran las negociaciones judiciales entre la administración de Biden y los abogados que representan a los titulares de TPS, allanando el camino para que entre en vigencia la decisión de la administración Trump de cancelar el estatus legal de cientos de miles de inmigrantes inscritos en el programa.
El TPS permite a los beneficiarios vivir y trabajar en el país sin temor a la deportación, pero no les proporciona un camino hacia la residencia permanente o la ciudadanía. Aquellos que pierden sus protecciones de TPS podrían volverse elegibles para la deportación, a menos que soliciten y obtengan otro beneficio de inmigración.
Trump pide cancelar el TPS.
Como parte de sus medidas enérgicas contra la inmigración, la administración Trump trató de cancelar los programas de TPS para cientos de miles de inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Honduras y Nepal. En septiembre de 2020, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dio luz verde a la administración Trump para poner fin a los programas de TPS.
La administración Trump adoptó una interpretación nueva y mucho más limitada de la ley federal que rige el TPS y luego utilizó esa interpretación para cancelar el estatus de TPS para todas las personas de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.
Los casos Ramos v. Nielsen y Bhattarai v. Nielsen Frenan a Trump.
La Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California presentaron una demanda en un tribunal federal en nombre de nueve personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) y cinco niños ciudadanos estadounidenses de los titulares de TPS contra el Departamento de Seguridad Nacional para detener la terminación ilegal de TPS para más de 300,000 personas que viven en los EE. UU. y para proteger a las decenas de miles de niños ciudadanos estadounidenses cuyos padres se verían obligados a irse bajo la política de la administración.