Salvadoreños señalados por actos de corrupción por Estados Unidos, entre ellos el jefe de gabinete de Bukele.
Una serie de acontecimientos que han tenido un impacto negativo y creciente en el poder judicial del país y en el estado de los derechos humanos y la democracia han sido motivo de preocupación para los Estados Unidos. La lista actual de personas sancionadas lo confirma e ilustra un rechazo a la falta de independencia judicial tras la destitución de cinco magistrados de la Sala Constitucional en mayo de 2021. En esta ocasión, el Departamento de Estado sanciona al asesor presidencial Francisco Javier Argueta Gómez por su influencia directa en este hecho que afectó significativamente la democracia salvadoreña.
Libertad de expresión bajo ataque por la Ley de Prohibición de Pandillas, que criminaliza la difusión de mensajes relacionados con pandillas. Estados Unidos, que considera que la ley potencialmente promueve la censura, sanciona a Christian Reynaldo Guevara Guadrón, diputado de la Asamblea Legislativa y líder de la facción gobernante Nuevas Ideas, quien impulsó y aprobó la ley. Ernesto Sanabria, secretario de prensa de la presidencia, también fue incluido en la lista.
Cleptocracia, narcotráfico y lavado de dinero.
Cleptocracia, narcotráfico y lavado de dinero cometidos a nivel municipal en la ciudad de San Miguel, la segunda más grande del país. José Wilfredo Salgado García, alcalde de la ciudad fue sancionado. Asimismo, las sanciones revelan un estado cleptocrático al vincular casos de corrupción endémica con lavado de dinero, como los que se atribuyen al exministro de Seguridad durante la administración de Antonio Saca (2004-2009).
Cecilia Coronada Alvarenga de Figueroa, esposa del exministro de Seguridad Pública René Mario Figueroa Figueroa, facilitó la transferencia de ganancias de corrupción cuando ayudó a su esposo a lavar más de $3 millones en fondos públicos, mientras su esposo era Ministro de Seguridad Pública durante la administración Saca .
“Estamos profundamente preocupados por el proceso mediante el cual la Asamblea Nacional salvadoreña ha reemplazado al Fiscal General y a los miembros de la Corte Suprema de El Salvador. Las acciones que socavan la independencia del poder judicial tienen un impacto negativo en nuestro largo historial para mejorar la transparencia, la seguridad y las condiciones económicas en esa nación. La administración Biden debe comprometerse con todos los actores políticos en El Salvador para tener un diálogo productivo que fortalezca las instituciones democráticas y la gobernabilidad transparente de ese país”.
U.S. Senators Marco Rubio (R-FL)
Entre los acusados están:
René Mario Figueroa Figueroa, ex Ministro de Seguridad Pública bajo la Administración de Saca, durante su tiempo como Ministro incurrió en una corrupción significativa cuando convirtió $3 millones en fondos públicos para su uso personal y el de su esposa y, para luego blanquear dichos fondos.
José Wilfredo Salgado García, Alcalde de San Miguel, socavó procesos o instituciones democráticas cuando usó su cargo oficial para participar en el tráfico de drogas y lavado de dinero mientras era alcalde de San Miguel, la segunda ciudad más grande de El Salvador. Salgado usó sus conexiones con la policía de la ciudad para intimidar a la familia de su oponente electoral.
Francisco Javier Argueta Gómez, actual Asesor Jurídico Presidencial, socavó procesos o instituciones democráticas al orquestar la destitución de cinco Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General en un proceso inusual en aparente contravención a los procesos previstos en el artículo 186 de la Constitución, que exige la selección de dichos Magistrados de una lista de candidatos elaborada por el Consejo Nacional de la Magistratura.
Christian Reynaldo Guevara Guadron, Diputado a la Asamblea Legislativa y Jefe de Facción del Partido Nuevas Ideas, desvirtuó los procesos o instituciones democráticas al presentar una Ley de Prohibición de Pandillas que sancionará con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes pandilleros en los medios de comunicación, considerados por muchos observadores como un claro intento de censurar a los medios.
José Ernesto Sanabria, actual Secretario de Prensa Presidencial, socavó los procesos o las instituciones democráticas al usar su cargo y ejercer la influencia de la Presidencia para presionar indebidamente a los funcionarios de los partidos políticos de oposición para que renunciaran bajo la amenaza de ser acusados de delitos penales.